El excoordinador de penales federales fue capturado en la Ciudad de México; se le vincula con una red criminal dedicada al desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos simulados.
Durante su aprehensión, se aseguraron 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. | Foto: Especial
Ciudad de México / 03.06.2026 17:26:00
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, quien fue el coordinador general de las prisiones federales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y quien se presume está involucrado en un desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Entre 2013 y 2018, el ex colaborador del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, presuntamente suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales.
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Presunto desvío de 5 mil mdp mediante contratos simulados en penales
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Antonio Molina probablemente formaba parte de una red delictiva encabezada por García Luna, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.
Durante su aprehensión, se aseguraron dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos.
Capturado en CdMx
La captura fue encabezada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y elementos de la SSPC, quienes se trasladaron a la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Asimismo, se aseguraron diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares.
Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal federal adscrito a la penitenciaria de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.
