Esto sucede mientras las dirigencias estatales de Morena y PAN debaten respecto a qué grupo político propició este tipo de hechos de violencia en la localidad
Atzitzintla, un municipio enclavado en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves en los últimos años. Tras una balacera que dejó seis personas muertas, amenazas directas contra el alcalde Eduardo Velázquez Medina y la renuncia de 20 policías municipales, el gobierno estatal tuvo que asumir el control de la seguridad local.
La región, ubicada junto a la Autopista Puebla–Orizaba y al corredor de Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata, es considerada históricamente una de las más peligrosas para transportistas. Esto principalmente por la operación de bandas dedicadas al robo de carga.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que el edil solicitó apoyo urgente tras la escalada de violencia. En respuesta, 15 elementos de la policía estatal fueron enviados para asumir la vigilancia. Además, se dispuso un esquema de protección para el alcalde, quien fue amenazado presuntamente por integrantes de la Operativa Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La “chispa culpable”: ataque a tiros entre autodefensas y Operativo Barredora del CJNG
La crisis detonó tras los hechos del 18 de noviembre pasado: es decir, cuando se registró un enfrentamiento entre el grupo Autodefensas Pueblos Unidos de la Región —al que reportes locales vinculan con bandas encabezadas por “El Bukanas” y “La Marrana”— y la Operativa Barredora del CJNG. La persecución inició en Paso Carretas y se extendió hasta Mariano Escobedo, Veracruz.
El saldo fue de seis muertos, todos supuestos integrantes del grupo que se presenta como autodefensa. Posteriormente, la Barredora difundió un comunicado atribuyéndose el ataque y asegurando que los abatidos “respondían a órdenes del alcalde” y realizaban “al menos siete robos diarios de transporte de carga” en la región.
El Ayuntamiento de Atzitzintla rechazó categóricamente esas versiones. En un comunicado, el alcalde Eduardo Velázquez Medina sostuvo:
“Aclaro de manera firme que no tengo, ni he tenido, ningún vínculo o relación con grupos delictivos. Cualquier contenido que intente involucrarme con actividades delictivas es totalmente falso, irresponsable y de carácter amarillista, promovido por adversarios políticos que buscan confundir y dividir”.
La SSP Puebla toma el control y la gobernanza de Atzitzintla
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad estatal confirmó que asumió el control del municipio tras la renuncia simultánea de los 20 policías municipales, lo que dejó sin capacidad inmediata de operación a la corporación local.
Este episodio no es aislado: también fue necesario que el gobierno estatal interviniera en Tianguismanalco, luego de que su alcalde, Juan Pérez Moral, fue atacado con un arma punzocortante. Aunque la agresión aún no tiene móvil confirmado, versiones locales apuntan a un posible trasfondo político.
La misma semana, la administración estatal tomó el control de Huixcolotla, donde tres policías municipales fueron asesinados presuntamente por el mismo grupo delictivo en Puebla. La expansión de este brazo operativo en la región ha sido señalada por autoridades como uno de los factores que explican la creciente violencia en municipios del sur de Puebla.
A la crisis se sumó el testimonio de un joven detenido de 17 años de edad, quien aseguró: “Me dijeron que me iban a desaparecer a mí y a mi familia”, tras denunciar agresiones atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su madre anunció igualmente que presentará una denuncia formal por golpes y amenazas de muerte.
Morena y PAN lanzan culpas por la escalada de violencia al sur de Puebla
En el terreno político, el conflicto escaló más allá de lo local. La organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla sostuvo que los hechos violentos derivan de “redes de corrupción, ambición y presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos”, atribuyendo responsabilidad a “gobiernos identificados con el PRIAN”.
Por su parte, la dirigencia estatal del PAN ―encabezada por Mario Riestra Piña― reprobó la situación y exigió reforzar la seguridad en los límites con Veracruz, al tiempo que expresaron su respaldo al alcalde de Atzitzintla.
El intercambio de acusaciones agudizó el debate sobre la seguridad en el estado. Ambos partidos demandaron mayor presencia de fuerzas estatales y federales, pero coincidieron en que la región requiere una intervención sostenida ante la frecuencia de enfrentamientos armados, agresiones a autoridades y la renuncia masiva de policías.
Atzitzintla, un reflejo de la violencia cotidiana en México
Lo ocurrido en Atzitzintla no es un caso aislado, sino parte de un patrón nacional: municipios con corporaciones policiacas debilitadas, zonas de disputa entre grupos criminales, autoridades bajo amenaza directa, policías que renuncian masivamente y gobiernos estatales que deben intervenir por falta de capacidades locales.
En México, episodios similares se repiten en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Veracruz o Morelos. La ausencia de controles internos, los vacíos de autoridad, la infiltración criminal y la precariedad laboral de los policías municipales generan condiciones que permiten crisis de este tipo.
