- Presentaron una propuesta de iniciativa que busca reformar disposiciones de los códigos penal y civil, que son utilizadas por autoridades y grupos empresariales para impedir el ejercicio de esos derechos y criminalizar a periodistas y personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
- Las organizaciones dialogaron con el diputado Wilmer Monforte Marfil y la diputada Clara Rosales Montiel, ambos de la bancada de Morena, a quienes solicitaron que se presente la iniciativa en el Congreso local.
Organizaciones de la Sociedad Civil, con el acompañamiento de organismos internacionales, solicitaron reformar diversas disposiciones del Código Penal y del Código Civil del Estado de Yucatán. El objetivo es que periodistas, así como las organizaciones, comunidades y colectivos de defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio, el medio ambiente, entre otras causas, puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión en condiciones seguras, sin que sean criminalizadas y sin las presiones que actualmente se ejercen contra ellas y que limitan ese derecho.
Dicha solicitud es acompañada de una propuesta de iniciativa que fue presentada el 23 de octubre en el Foro Derecho a la Protesta, efectuado en Yucatán. La misma fue entregada el 24 de octubre al Diputado Wilmer Monforte Marfil y la Diputada Clara Paola Rosales Montiel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado de Yucatán, respectivamente.
En el Foro de Derecho a la Protesta participaron organizaciones como: Igualdad Sustantiva Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Reflexión y Acción Feminista, Somos Periodistas y Amnistía Internacional, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Esta iniciativa es fundamental en un contexto donde en los últimos seis años, se han reportado al menos 18 casos de criminalización de personas y comunidades por defender su territorio. En la mayoría de los casos las personas fueron acusadas después de ejercer su derecho a la manifestación o a la libertad de expresión, de acuerdo con datos recabados por el sitio de investigaciones periodísticas Jaltun.
Esto mismo ha sucedido con colectivas feministas que, en el marco de su ejercicio del derecho a protestar, han enfrentado criminalización y represión. Además, periodistas de distintos medios de comunicación han sido denunciados por ejercer su labor. Esta situación es resultado de acciones sistemáticas efectuadas por el Estado que vulneran la libertad de expresión y la protesta social.
