Crecen las denuncias de que la administración Trump pretende «tapar» el escándalo de los espías de la CIA, infiltrados ilegalmente en el país latinoamericano.

La decisión del Gobierno de EE.UU. de pedir la detención y extradición de 10 políticos mexicanos, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, ha provocado una nueva y grave crisis en la relación bilateral y abierto grietas en la política doméstica del país latinoamericano.

En el plano internacional, la denuncia del Departamento de Justicia se dio a conocer justo en medio de la polémica que generó la presencia de dos policías de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que participaron de manera ilegal en un operativo antinarco en México, y que después fallecieron en un accidente.

Desde que se publicaron los pedidos de extradición, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, consideró que el caso tenía más tintes políticos que judiciales. El fin de semana, la diputada Dolores Padierna se plegó a la posición del oficialismo con un abierto cuestionamiento: «¿Por qué lo hacen hasta ahora?», señaló al repetir las dudas sobre las verdaderas intenciones que tendría el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump.

En México, la denuncia ha impactado de lleno en el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenecen los tres políticos más importantes que aparecen en parte de la lista emitida por EE.UU.

Se trata del gobernador de Sinaloa, Ricardo Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el senador Enrique Inzunza, a quienes, al igual que los otros siete imputados, EE.UU. acusa de haber recibido sobornos por parte de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El fin de semana, Rocha Moya y Gámez pidieron licencia al cargo para someterse a una investigación en México, aunque la Fiscalía General de la República ya advirtió que EE.UU. no ha presentado pruebas de sus denuncias.

«Colaboradores»

Por otra parte, el diario El Universal sorprendió al revelar que el senador imputado solicitará ser «testigo cooperante», una figura que le ha servido a narcotraficantes mexicanos para aliviar sus penas en EE.UU. e incluso quedar en libertad.

Es el caso, por ejemplo, de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que son conocidos como ‘Los Chapitos’. Los vástagos de quien fuera uno de los capos más poderosos de México han alcanzado acuerdos con las autoridades estadounidenses.

Según el portal Entorno, Los Chapitos incluso «colaboraron» con información para que el Departamento de Justicia pudiera imputar a Rocha Moya. Esa participación sería crucial, ya que la denuncia de EE.UU. asegura que el gobernador y el resto de los funcionarios acusados recibían sobornos de líderes del narcotráfico.

Mientras las versiones periodísticas anticipan que la administración encabezada por Donald Trump continuará su ofensiva legal, que tiene un efecto político dentro del partido de Sheinbaum; en México, el oficialismo celebró su congreso nacional con el ambiente enrarecido por los señalamientos de EE.UU. contra varios dirigentes de la formación.

En respuesta, algunos militantes manifestaron su respaldo al gobernador de Sinaloa. «¡Rocha amigo, Sinaloa está contigo!», vitorearon en un escenario de plena incertidumbre.