En México, la pobreza se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Según el INEGI 2024, 38.5 millones de personas —29.5% de la población— viven en diferentes tipos de pobreza. Aunque sigue siendo alarmante, son 13.7 millones menos que en 2016. Esta baja, la mayor en décadas, se debe al alza de ingresos laborales, resultado del esfuerzo de Trabajadores y Empresas. Los datos confirman que el empleo y la productividad son la vía más eficaz para superar la pobreza y que las empresas sí contribuyen para abatir rezagos sociales.

La reducción de la pobreza es un logro que debe celebrarse. Pero hay retos que aún permanecen y deben reconocerse. Aunque la pobreza disminuyó, la vulnerabilidad por carencias sociales creció. En 2024, 41.9 millones de personas —32.2% de la población— enfrentaron al menos una carencia. La más común es la falta de seguridad social (48.2%), seguida de acceso a servicios de salud (34.2%) y alimentación nutritiva y de calidad (14.4%).

Además, la disparidad regional permanece. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades con mayor porcentaje de personas en pobreza, al registrar tasas de 66%, 58.1% y 51.6% de su población en pobreza, respectivamente. En el caso de Chiapas, 1.5 millones de habitantes se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a casi una cuarta parte de su población. En contraste, estados como Nuevo León muestran que el progreso es posible: 53.5% de sus habitantes no son pobres ni vulnerables, reflejando que el bienestar sostenido se alcanza cuando convergen crecimiento económico, inversión productiva y empleos dignos.

El papel del ingreso laboral

En COPARMEX, hemos sido impulsores decididos del aumento gradual y responsable del salario mínimo. En 2016, este apenas alcanzaba $73.04 pesos diarios y cubría solo el 74% de la línea de la pobreza individual. Por ello, propusimos la Nueva Cultura Salarial con una primera meta: que ningún trabajador formal permaneciera en pobreza por su salario. Esta meta se alcanzó para la fijación de 2019, cuando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), de forma tripartita, aprobó un incremento histórico de 16.21%.

Desde entonces, el salario mínimo ha seguido una trayectoria ascendente sostenida, acumulando un aumento real del 150%. Los resultados son contundentes: entre 2016 y 2024, la pobreza en México pasó de 43.2% a 29.6% de la población, mientras que la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza se redujo de 50.8% a 35.4%. La propia CONASAMI estima que la mitad de esta reducción entre 2018 y 2024 puede atribuirse directamente a los aumentos al salario mínimo.

Este impacto también se refleja en los hogares: entre 2016 y 2024, el ingreso total creció 11% en términos reales, impulsado por el ingreso laboral, que hoy representa el 66% del ingreso familiar. Este avance confirma que el trabajo formal y bien remunerado es la vía más sólida para reducir la pobreza. Refrendamos así la meta de la Nueva Cultura Salarial: que ningún hogar con ingresos formales permanezca en pobreza. Actualmente, el salario mínimo general cubre el 90% de la línea de bienestar familiar, equivalente al doble de la línea de pobreza individual. Adicionalmente, el salario mínimo general en la frontera ya superó este nivel desde 2022.

Retos estructurales: la población vulnerable por carencias aumenta

A pesar de los avances en ingresos, persisten desafíos estructurales importantes. Uno de los más graves es el aumento de la población vulnerable por carencias sociales: personas que, aunque superan la línea de pobreza, enfrentan al menos una carencia en derechos sociales.

La principal carencia sigue siendo la seguridad social, que afecta al 48.2% de la población y ha crecido en entidades como San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Puebla. Le sigue el acceso a servicios de salud, que afecta al 34.2% de la población. Aunque bajó 4.9 puntos desde 2022, aumentó 18.6 puntos porcentuales con respecto a 2016, lo que equivale a cerca de 26 millones de personas más sin cobertura. El cambio del modelo de atención en salud para población sin seguridad social, ha sido el factor clave en este retroceso.

En el caso del rezago educativo, si bien registra una reducción con respecto a 2022 (- 0.8 puntos porcentuales), en seis entidades aumentó esta carencia y el porcentaje apenas ha variado respecto a 2016. De acuerdo con el INEGI, el rezago educativo ha crecido para niñas, niños y jóvenes en edad escolar; hay 1.5 millones más población entre 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria.