Algunos capos enfrentan procesos que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque se enfatizó que el acuerdo con Washington prohíbe solicitar esa sanción
Entre los entregados destacan figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, histórico capo; los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales; Abigael González Valencia, alias “El Cuini”; y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, junto con operadores clave de diversas organizaciones criminales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), todos representaban un riesgo directo para la estabilidad y el orden públicos, además de conservar influencia fuera de los penales.
México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra el narco
Estas acciones tuvieron un impacto directo en la estructura de varios cárteles, debilitando sus mandos operativos y estratégicos. Con la salida de figuras clave, las organizaciones criminales enfrentan reacomodos internos, disputas por el control de territorios y la necesidad de replantear sus redes de operación tanto en México como en el extranjero.
En febrero, el Gobierno de México realizó la primera entrega masiva del año, enviando a Estados Unidos a 29 personas consideradas de alta peligrosidad por sus vínculos con el narcotráfico. La lista estuvo encabezada por Rafael Caro Quintero, alias “Don Rafa”, figura histórica del Cártel de Guadalajara, junto a él fueron extraditados Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y su hermano Óscar Omar, “El Z-42”, exdirigentes de Los Zetas; así como Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, del Cártel de Juárez.
Entre los enviados también figuraron operadores clave del Cártel de Sinaloa, como José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito”; Andrew Clark, “El Dictador”, señalado por colaborar tanto con Sinaloa como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango”, vinculado a la facción Los Cazadores ligada a Los Chapitos.
Otros nombres relevantes fueron Jesús Alberto Galaviz Vega, “Z-13”; Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío”, ligado a Barrio Azteca y La Empresa; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “Alfa Metro”; y José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato”, relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva.
En la segunda entrega masiva estuvieron Enrique Arballo Talamantes, “Junior”, de Gente Nueva; Benito Barrios Maldonado, “Comandante”, ambos ligados al Cártel de Sinaloa; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios; y Abigael González Valencia, “El Cuini”, figura de alto rango en el CJNG y Los Cuinis.
También fueron trasladados Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” o “Mostachón”, de Los Zetas; Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”, con historial en La Familia Michoacana; y Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”, vinculado al Cártel del Golfo y a Los Zetas.
Otros nombres destacados incluyeron a Jesús Guzmán Castro, “Chuy” o “Narizón”, del Cártel de los Arellano Félix; Roberto Omar López, “Shrek”, de los Beltrán Leyva; y Abdul Karim Conteh, acusado de tráfico de personas sin afiliación directa a un cártel.
En ambos traslados, la mayoría de los extraditados pertenecían a estructuras del Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo, además de operadores con vínculos menos claros o funciones especializadas dentro de estas redes criminales.
Como parte de la cooperación bilateral, el 12 de agosto se informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con respaldo de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), coordinó el envío de 14 ciudadanos mexicanos a su país para que terminen de cumplir sus sentencias en penales nacionales.
Según el comunicado emitido por la División Criminal del Departamento de Justicia el 11 de agosto de 2025, todos habían sido condenados en cortes federales estadounidenses por delitos relacionados con la distribución de drogas.
La operación, realizada el 8 de agosto, se efectuó bajo los términos del Tratado de Transferencia de Prisioneros firmado entre ambas naciones, por su parte, el fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, resaltó que este procedimiento generará un ahorro estimado de más de 4 millones de dólares, al evitar los gastos que implicaría mantenerlos bajo custodia durante los 96 años de condena que, en conjunto, aún les restaban por cumplir.
