La «guerra» binacional por el tomate se ha sostenido durante décadas, pero ahora tiene un tinte partidario.

Los aranceles del 17,09 % que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso al tomate mexicano representan un «regalo» para los productores de ese país, pero en realidad elevarán el precio de ese alimento y sus derivados para toda la población.

Un análisis del diario mexicano Milenio explica el devenir de una «guerra del tomate» que ambos países han sostenido durante décadas y que tiene un tinte partidario: el reclamo de aranceles proviene de los productores de Florida, un estado republicano, el partido de Trump, que agrupa al 90 % de las empresas agrícolas que siembran tomate en EE.UU. y que serán las únicas beneficiadas con esta decisión.

En concreto, advierte que la importación y venta de tomates mexicanos generaba hasta ahora 8.300 millones de dólares en beneficios económicos para EE.UU., lo cual incluía 4.690 millones de dólares en efectos indirectos e inducidos.

Por el contrario, a partir de que se cobre la nueva tasa de importación, el precio de los tomates aumentará entre un 6 % y 10 % en mercados y supermercados, ya que EE.UU. no tiene capacidad para producir tomate suficiente y autoabastecerse.

El conflicto

Tampoco hay un país que pueda sustituir a México como principal exportador de este alimento a EE.UU., ya que siete de cada 10 tomates que comen en ese país provienen de campos mexicanos.

La llamada «guerra del tomate» comenzó en 1994, cuando México, EE.UU. y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio que intensificó el intercambio de productos entre los tres países.

En el caso del tomate mexicano, obtuvo preferencias para su importación, lo que provocó protestas de los productores estadounidenses que, en 1994, lograron que el Departamento de Comercio de EE.UU. reconociera que el fruto mexicano se comercializaba por debajo de un valor justo. Por esa razón, le impusieron tasas punitivas.

Sin embargo, ese mismo año, los gobiernos de ambos países acordaron la suspensión de estas tasas en un pacto que se renovó durante varias administraciones. La negociación más reciente data de 2019, durante la primera presidencia de Trump, pero ahora es él mismo quien le puso fin.