- La Reforma a la Ley Aduanera debe centrarse en combatir la ilegalidad sin poner en riesgo la operación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
- Se requieren ajustes técnicos que garanticen proporcionalidad en las sanciones y plazos razonables para la implementación tecnológica.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respaldamos el objetivo de fortalecer la legalidad y modernizar el sistema aduanero del país. Reconocemos el trabajo de la Cámara de Diputados y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para construir un marco normativo más eficiente. Sin embargo, ahora que la minuta será analizada en el Senado de la República, hacemos un respetuoso llamado para que se realicen los ajustes necesarios que permitan equilibrar la aplicación de la ley sin afectar a las empresas formales ni obstaculizar la competitividad nacional.
Las aduanas son la puerta de entrada al desarrollo económico. En ellas se define buena parte de la competitividad de México frente al mundo. Por ello, pedimos que la reforma concentre su fuerza en quienes defraudan, no en quienes cumplen. La autoridad debe contar con herramientas firmes para combatir la ilegalidad, pero sin generar cargas excesivas que terminen afectando al sector productivo, especialmente a las MiPyMEs, que representan más del 70% del empleo formal del país.
Nuestra primera observación se centra en el artículo 59 que busca integrar un expediente electrónico único. Esta medida es positiva, pero su implementación requiere tiempo. Proponemos que entre en vigor 12 meses después de la publicación de la reforma, para que las empresas puedan adaptar sus sistemas, homologar catálogos y capacitar a sus equipos. Con una transición gradual, se garantiza información confiable y se evita sancionar fallas técnicas inevitables durante el proceso.
Respecto al artículo 89, insistimos en conservar la posibilidad de rectificar información antes del Mecanismo de Selección Automatizado (MSA), pues restringirla sería equivalente a impedir que un contribuyente corrija su declaración antes de enviarla al SAT. Mantener esta facultad refuerza la transparencia, distingue los errores de buena fe del intento de fraude y permite enfocar los esfuerzos de fiscalización en los casos de riesgo real.
En cuanto a los artículos 178 y 184-B, pedimos proporcionalidad en las sanciones. Si bien coincidimos en aplicar castigos firmes al fraude, la simulación y la reincidencia, es indispensable que los errores sin dolo no pongan en riesgo la viabilidad de las empresas. Hoy existen sanciones que pueden alcanzar hasta el 300% del valor de la mercancía por errores formales, como una discrepancia menor en una Norma Oficial Mexicana (NOM) o en una descripción comercial. Una multa de ese nivel puede significar el cierre definitivo para una MiPyME que sí quiere cumplir.
Estas precisiones fortalecen a la autoridad y protegen al consumidor. Un cambio tecnológico realista genera datos útiles para la inteligencia aduanera; la rectificación temprana evita trámites innecesarios; y un régimen sancionador proporcional, castiga el fraude sin expulsar de la formalidad a quienes cumplen con la ley. Así se construye un entorno de confianza que impulsa la inversión, el empleo y la estabilidad económica.
Instaremos a los Senadores integrantes de la Comisiones dictaminadoras a modificar la Minuta y buscaremos sensibilizar a cada integrante del Senado de la República para que la reforma aduanera que implemente la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sea eficaz, cierre espacios a la ilegalidad, pero también garantice un marco jurídico claro, justo y aplicable que dé certeza a las empresas y fortalezca el Estado de Derecho. En COPARMEX trabajamos por un México mejor, donde la legalidad y la competitividad caminen de la mano.
